De gobernador a mandos policiales: los 10 señalados por EU en el caso que sacude a Sinaloa

La acusación federal en Estados Unidos que apunta a una presunta red de colaboración con el Cártel de Sinaloa no solo ha generado impacto político, sino que también ha puesto nombre y rostro a los perfiles señalados. Se trata de diez figuras que abarcan desde el más alto nivel del poder estatal hasta mandos operativos de seguridad, lo que dibuja —según el expediente— una estructura amplia y articulada.

En la cúspide aparece el gobernador Rubén Rocha Moya, con una larga trayectoria política y académica, acompañado por el senador Enrique Inzunza Cázarez, quien ha construido su carrera en el ámbito jurídico. Ambos representan el nivel político de la acusación, al ocupar cargos de alta relevancia en la toma de decisiones públicas. A ellos se suma el exsecretario de Administración y Finanzas, Enrique Alfonso Díaz Vega, encargado del manejo de recursos estatales en años recientes.

En el ámbito de procuración de justicia, la lista incluye a Dámaso Castro Saavedra, vicefiscal estatal con más de dos décadas de experiencia, así como a Marco Antonio Almanza Avilés, exjefe de la Policía de Investigación, con una carrera de más de 30 años en corporaciones de seguridad. También figura Alberto Jorge Contreras Núñez, conocido como “Cholo”, quien transitó de perito criminalista a mando operativo dentro de la misma estructura policial.

La acusación se extiende a niveles estratégicos y operativos con la inclusión de Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública con formación militar, y José Antonio Dionisio Hipólito, alias “Tornado”, exsubdirector de la Policía Estatal. En el ámbito municipal destaca el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, identificado como parte del entramado político señalado, además de Juan Valenzuela Millán, “Juanito”, excomandante policial cuyo perfil público es limitado.

El señalamiento conjunto de estos diez perfiles ha intensificado el debate sobre la posible infiltración del crimen organizado en estructuras gubernamentales. Aunque la acusación aún deberá sostenerse con pruebas en instancias legales, el caso ya representa uno de los episodios más delicados para la vida pública de Sinaloa, al involucrar a actores clave de los tres niveles de gobierno y de las instituciones de seguridad.