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Tribunal Electoral de Nuevo León sanciona a alcaldesa de Zuazua por violencia política de género
Durante el análisis del expediente, el Tribunal concluyó que las acciones atribuidas a la alcaldesa tuvieron un impacto desproporcionado basado en cuestiones de género, vulnerando así los derechos político-electorales de la síndica.
El Tribunal Electoral de Nuevo León determinó por unanimidad que la alcaldesa de Zuazua, Elva Deyanira Martínez, incurrió en violencia política en razón de género contra la síndica segunda del municipio, Ana Laura Huerta Sosa, luego de resolver el procedimiento especial sancionador identificado con el expediente 8/2025. La resolución fue aprobada durante una sesión jurisdiccional en la que los magistrados concluyeron que existieron conductas que afectaron el desempeño del cargo de la funcionaria municipal.
De acuerdo con la sentencia, el órgano electoral consideró acreditado que Huerta Sosa enfrentó un trato diferenciado dentro de la administración municipal tras solicitar información relacionada con decisiones y acciones del Ayuntamiento. Según la denuncia presentada en julio de 2025, la síndica comenzó a experimentar obstáculos para ejercer sus funciones, además de presuntos actos de acoso institucional y limitaciones en sus actividades dentro del Cabildo.
Durante el análisis del expediente, el Tribunal concluyó que las acciones atribuidas a la alcaldesa tuvieron un impacto desproporcionado basado en cuestiones de género, vulnerando así los derechos político-electorales de la síndica. Además, Huerta Sosa argumentó que existía una diferencia en el trato que recibía en comparación con el síndico primero, Jesús Alberto Vega Castillo, situación que aseguró afectaba directamente su participación y desempeño dentro del gobierno municipal.
Como parte de la resolución, los magistrados ordenaron dar vista al Cabildo de Zuazua y vincularon a diversas autoridades para la ejecución de las medidas establecidas en la sentencia. Asimismo, el Tribunal determinó que no existían elementos suficientes para responsabilizar al secretario del Ayuntamiento, Luis Joaquín Pérez Reina, ni al secretario de Administración, Óscar Patricio Cervantes Leija, por lo que ambos fueron deslindados del procedimiento. La resolución representa uno de los casos recientes más relevantes en Nuevo León relacionados con violencia política de género dentro de administraciones municipales.
